El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará hoy ante la Cámara de Diputados de la Nación para presentar un nuevo Informe de Gestión N.º 144, el cual está atravesado por el escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en el área de la discapacidad.
En las semanas previas a la sesión, la Jefatura de Gabinete recibió un total de 2957 requisitorias que luego de unificarse y depurarse quedaron consolidadas en 1337 preguntas realizadas por 101 diputados, las cuales se respondieron y enviaron de vuelta a los diputados antes de que Francos asistiera al recinto.
Hubo un volumen importante de estas preguntas que fueron referidas al área de discapacidad, pero orientadas a que el Ejecutivo detalle sobre certificaciones, inclusión laboral, las prestaciones y el presupuesto de la ANDIS, todo en el marco de la discusión por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que la semana pasada se volteó en primera instancia en Diputados y que podría continuarse en semanas posteriores en el Senado.
En el documento de 1223 páginas no se incluye mención alguna sobre el escándalo de los audios. “Esto cerró a comienzos de agosto, después en el recinto pueden hacer las preguntas pertinentes”, informaron desde el entorno de Francos. Se espera que, efectivamente, los diputados cambien la prioridad de sus consultas y todas se orienten al caso mediático-político que involucra a la ANDIS y a importantes funcionarios del Gobierno. En las oficinas de Jefatura estuvieron preparados en los últimos días a coordinar las posibles preguntas que le puedan llegar a hacer desde los bloques opositores.
En el Gobierno afirman que no habrá inconvenientes para que el jefe de Gabinete pueda responder todas las preguntas que se le hagan “siempre y cuando no insulten”. La última vez que estuvo Francos en el Congreso fue el pasado 26 de junio en el Senado, a los pocos días que la expresidenta Cristina Kirchner comenzara con el arresto domiciliario. La tensión en el recinto de la Cámara Alta era evidente y desembocó en un cruce que culminó con una salida intempestiva de Francos. Fue la senadora peronista por Tierra del Fuego, Cándida López, quien le dijo: “La verdad que leí muy atentamente la respuesta que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”.
Discapacidad: sin novedades de futuros aumentos
En tanto, el Informe de Gestión de esta ocasión presenta respuestas ante preguntas sobre si es posible un incremento de aranceles en prestaciones clave, como de si el Ejecutivo está pensando en recortar mayor cantidad de gasto para seguir con los lineamientos establecidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las respuestas oficiales a las preguntas 7 y 65 abordan de forma específica la actualización de los aranceles en el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral de las personas con discapacidad. De estas se desprende que no se informan acciones específicas para incrementar estas partidas.
“Hay un compromiso con la sostenibilidad del sistema y, en ese sentido, la implementación de auditorías en el sistema de pensiones es una estrategia clave. Estas auditorías permitirán identificar y redirigir recursos de manera más efectiva, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, y con ello al sistema prestacional”, responden.
En esa respuesta se consigna que la última resolución que incrementó el nomenclador de prestaciones básicas se efectuó el 29 de noviembre de 2024. Los porcentajes acumulativos otorgados fueron: 1% para la totalidad de las prestaciones del nomenclador retroactivo al mes de octubre; 0.8% para el mes de noviembre y del 0.5% para el mes de diciembre de 2024, incluyendo el 20% adicional sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.
En el área sanitaria se limitaron a responder que los aranceles para las prestaciones se discuten en el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, integrado por el Ministerio de Salud, organismos estatales como la ANDIS y representantes de la sociedad civil y el sector prestacional.
El futuro del gasto en las pensiones por discapacidad
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó horas antes de la votación por el veto que el Gobierno evaluaba un incremento a las asignaciones para las prestaciones por discapacidad. Este era un gesto que el Ejecutivo hizo de manera tardía hacia los legisladores para evitar tener un revés en Diputados. Tal y como lo informó TN, el Ejecutivo ya habría decidido no hacer aumentos a estos programas. Esto solo pretenden hacerlo con el consecuente ahorro que consigan a través de las bajas de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL).
En ese plano, uno de los diputados le preguntó al Gobierno sobre si “el superávit será apuntalado por mejores controles de elegibilidad para personas con discapacidad y Asignación Universal Por Hijo”, algo que dice desprenderse del Staff Report del FMI.
La respuesta del Ministerio de Economía fue escueta: “El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de los principios rectores establecidos para la administración financiera del Sector Público Nacional por la Ley 24.156 -esto es eficacia, eficiencia y economicidad-, tiene como objetivo el uso eficiente de los recursos provistos por los ciudadanos y en ese marco orienta sus objetivos”.
En la Pregunta N° 1324 se hace una pregunta similar, pero vinculada a la recomposición de los prestadores por discapacidad y las pensiones por invalidez laboral. “El Ministerio de Capital Humano informa que tiene previsto enfrentar la escasez de recursos mediante una mejor focalización de la inversión y direccionamiento a las poblaciones que más lo necesiten”, respondieron.
Cuántas personas con discapacidad hay en Argentina
Según datos suministrados por el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, actualizados al 1 de agosto de 2025, el país cuenta con 1.855.978 personas que poseen un CUD vigente. La distribución muestra una concentración en la provincia de Buenos Aires, donde viven 751.990 titulares de CUD (40,5% del total nacional). Otras jurisdicciones con cifras destacadas son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 180.691 personas (9,7%)
- Santa Fe: 135.361 personas (7,3%)
- Córdoba: 124.311 personas (6,7%)
- Mendoza: 91.317 personas (4,9%)
- Tucumán: 66.245 personas (3,6%)
- Salta: 63.335 personas (3,4%)
- Entre Ríos: 55.557 personas (3,0%)
- Chaco: 40.320 personas (2,2%).
Otras provincias como Río Negro, Misiones, Jujuy, Neuquén, Corrientes y San Juan integran el rango de 30.000 a 36.000 personas con CUD. Regiones de menor densidad incluyen a La Pampa (10.538), Tierra del Fuego (7.260) y Santa Cruz (16.898).
