Mientras el Ejecutivo avanza en la sanción de una ley que busca desinflar la industria del juicio laboral en la Provincia, un drama histórico que se profundizó con las políticas de ajuste de la era Milei y las prácticas abusivas de los tribunales bonaerenses, se conocieron estadísticas de la eficacia administrativa que evitan llegar al ámbito laboral, sobre el que llueven críticas por fallos abusivos de dudoso rigor jurídico.
La idea, tal como ya informó este portal, es crear la instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop) en el ámbito de la Provincia. Una réplica del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) que funciona con eficacia probada en el ámbito de la Capital Federal.
En ese contexto, un informe elaborado por la CGT preocupada por el cierre de empresas que atenta contra el mantenimiento de las fuentes laborales, detectó que las intervenciones que realiza el Ministerio de Trabajo bonaerense, logran cerrar la mayor parte de los diferendos en sede administrativa, con acuerdos homologados que ponen fin al vínculo laboral entre las partes, respetando el derecho del trabajador y la razonabilidad del planteo que proteja a las pymes.
La resolución pre-judicial de litigios
Un corte estadístico en la materia, refleja la eficacia de un sistema que vela por custodiar el derecho constitucional de un trabajador a una indemnización cuando se interrumpe la relación laboral, pero atiende, además, la situación compleja financiera por la que atraviesan las empresas en contexto de crisis como el actual, sobre todo las pymes en cualquier rubro. En muchos casos, incluso, las empresas ejecutan despidos en el marco de procedimientos preventivos de crisis o directamente por cierres, lo cuál incrementa la litigiosidad.
Un corte estadístico de las intervenciones administrativas del Ministerio de Trabajo bonaerense elaborado por la CGT refleja que de cada 100 reclamos que se presentan, la abrumadora mayoría –superior al 90% de los casos- termina por firmar acuerdos que contemplan el pago de una liquidación que, como regla, se ubica sin excepción por encima del 70/80% del monto reclamado por el trabajador. La intervención oficial contempla, además, otro punto crítico del abuso habitual de los tribunales laborales de la provincia: la actualización, de la cifra sobre la base de la tasa pasiva y/o incorpora, como variable de ajuste, la cuota salarial actualizada para el sector.
Apoyo al proyecto de mediación previa obligatoria
“Todos los acuerdos se dan en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, evaluando los montos involucrados en la disputa, y un promedio de liquidación que oscila entre el 70 y el 80% reclamado por el trabajador, ajustado por Ley de Contrato de Trabajo”, le explicó a este portal una fuente del sector con participación en este tipo de trámites administrativos previos a la instancia judicial. El dato no es marginal, comparado con el abuso de los ajustes que disponen los tribunales bonaerenses alejados de lo que la ley impone (un promedio de un salario por año trabajado) para firmar resoluciones abusivas sospechadas de incrementar los costos de la transacción sin respetar siquiera la jurisprudencia de Corte vigente en la materia, con el fin de liquidar honorarios artificialmente inflados y sin sustento legal alguno.
“En los casos en que es necesario realizar un ajuste, la lógica que aplica la sede administrativa es la variación salarial del sector, sin utilizar los índices caprichosamente estrambóticos, y mayormente dispares, que aplican los tribuales de trabajo en la Provincia”, explican.
El abuso de los jueces: $350 millones por 5 años de trabajo
El descalabro bochornoso de la justicia provincial suele arrojar situaciones ciertamente insólitas en el ámbito de los tribunales de trabajo. Se replican escenas de las denominadas ‘vistas de causas’ en las que las partes intentan abordar una solución consensuada con acuerdos entre los litigantes que, de todas formas, deben aguardar “si el tribunal quiere aceptar el monto” por el que se negoció conciliar. Hay una secuencia que se repite: acuerdos aceptados por las partes en vistas de causas, que, sin embargo, cuentan con algún voto en disidencia por no ajustarse a derecho, una cifra que otros integrantes del tribunal avalaban.
Un fallo del tribunal de trabajo Nº 2 de La Plata (firmado por Juan Ignacio Orsini; Carlos Mariano Nuñez y Mauricio Javier Bordino), expone el abuso habitual al que recurre la justicia en el ámbito provincial: con 5 años de antigüedad, los letrados establecieron una indemnización de $350 millones. Una sentencia de quiebre. Es el caso de una fábrica de baterías de la región que no pueden afrontar el costo y cerrará sus puertas.
Para evitar esos abusos que alimentan la industria del juicio, contra la lógica habitual que busca desalentar una práctica para sostener las fuentes de trabajo, máximo en épocas de fuerte crisis como la actual, el Ejecutivo busca sancionar una norma para dirimir los reclamos laborales individuales y pluriindividuales, con carácter previo y obligatorio al inicio de la demanda judicial en los tribunales. Un sistema parecido al que funciona en el ámbito porteño. Y más eficaz que el actual.
*Con información publicada en el portal Infocielo
