¿Cuándo estallará la guerra entre el Gobierno y la CGT por los topes a las paritarias que tanto trastornan a la dirigencia gremial? La sensación es que puede ser inminente, pero también que puede demorarse. Para la Casa Rosada, hay una apuesta política: si este domingo los libertarios ganan las elecciones porteñas, o al menos le ganan al PRO, Javier Milei está decidido a avanzar sin contemplaciones contra el sindicalismo. No sólo con el ajustado corsé salarial sino también con una nueva reforma laboral.
Es que el trofeo de arrebatarle a Mauricio Macri su bastión electoral será visto como la antesala de una sucesión de victorias que podrían sucederse en las elecciones nacionales de octubre. Y eso, obviamente, puede derivar en muchos más legisladores libertarios para sancionar las leyes que quiere el oficialismo, como esos cambios en el andamiaje legal del trabajo que hasta ahora resiste como puede la CGT.
En medio de este escenario, la paritaria del Sindicato de Comercio es un caso testigo para el Gobierno y para el gremialismo. La organización que lidera Armando Cavalieri superó la pauta oficial del 1% por mes -por primera vez desde que asumió Milei- y los funcionarios de La Libertad Avanza ya advirtieron que no lo homologarán.
Cavalieri se resiste a reformular el acuerdo del 5,4% trimestral (que algunos empresarios aseguran que llega al 9,6% en los bolsillos por el impacto de las sumas fijas en los sueldos) y asegura que los supermercados y los comercios se comprometieron a pagar igual el aumento, aunque en el sector empresarial aclaran que se abonará el incremento acordado aunque sólo a manera de anticipo.
Para el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es todo un dilema. Sigue a rajatabla las directivas del Ministerio de Economía sin dejar de dialogar con los sindicalistas y, a la vez, de tratar de que acepten bajar los aumentos que se pasen del tope oficial.
En el caso de Comercio, ante el endurecimiento de Cavalieri, que ratificó la validez de su paritaria y desoyó una primera convocatoria de Trabajo para replantear el acuerdo, Cordero decidió no volver a citar al sindicato y a las cámaras a la espera de que baje la intensidad del conflicto y las partes accedan a dialogar sobre el polémico aumento.
En la Secretaría de Trabajo están convencidos de que el Sindicato de Comercio finalmente cederá, pero que lo hará de manera discreta y luego de que los trabajadores cobren el anticipo a cuenta del aumento acordado. Cerca de Cavalieri, en cambio, dicen todo lo contrario y advierten que resistirán la presión oficial para reformular el incremento del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio).
No serán los únicos, claro está. Varios sindicatos frenaron su reclamo de reapertura de las paritarias ante la amenaza de no homologación y analizan otras estrategias para que los salarios se recompongan frente a la inflación. Una de ellas es pactar aumentos de sueldos en forma mensual o bimestral y no trimestral como hoy, aunque descuentan que el Gobierno vetará ese esquema porque alimenta las expectativas inflacionarias.
Otros gremios no aflojan: Alimentación, por ejemplo, convocó para el viernes próximo a un plenario de delegados para analizar medidas en rechazo de “las paritarias pisadas y con un techo del 1%”, además de una marcha hasta la cámara del sector, en la avenida Córdoba al 1700.
En Economía apuntan a que la inflación ya no sea el parámetro para definir los aumentos salariales sino que sean una suerte de mínimo a partir del cual las empresas podrían disponer mejoras por mejor desempeño o productividad, siempre que estén en condiciones de hacerlo.
El funcionario libertario que explicitó la jugada oficialista fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: ante los empresarios del CICYP, propuso que las negociaciones salariales se puedan negociar por regiones. “La Argentina tiene un arreglo salarial que es el mismo para todo el territorio nacional -consideró- y eso «le impone al mercado laboral una rigidez que no permite ni siquiera tomar en cuenta las condiciones regionales o de productividad”.
Para ir en esa dirección, aseguran en Trabajo, no habría que modificar las leyes vigentes, aunque son conscientes de que es casi imposible que los dirigentes sindicales quieran tocar el sistema actual de paritarias, por más que regionalizar o negociar por empresa puede ser la salida para no obligar a todos los empleadores a pagar un mismo aumento aunque no puedan hacerlo.
En el ala blanda del Gobierno imaginan que la alternativa para salir de esta encerrona es abrir una instancia de diálogo con sindicalistas y empresarios, justamente la opción que rechazan los oficialistas más duros, partidarios de pasar por arriba de quienes niegan las decisiones libertarias.
En el entorno de Cordero tienen un plan: aprovechar la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),que se hará en junio en Ginebra, Suiza, para que el secretario de Trabajo se siente con Martín Rappallini, titular de la UIA, y Gerardo Martínez, directivo de la CGT, para intentar consensuar una agenda de temas.
Como anticipó Infobae, Rappallini y Martínez mantienen contactos reservados en procura de acuerdos bilaterales sobre la modernización de las leyes laborales. “Sin perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores”, aclaran en las filas cegetistas para diferenciarse de los proyectos laborales del Gobierno, la UCR y el PRO.
Cerca del lago Lemán, en tierra suiza, puede hablarse más serenamente y con menos apego a los dogmas sobre los cambios laborales que impulsa la Casa Rosada, muchos de los cuales son los que quedaron congelados en el DNU 70.
La descentralización de las paritarias es un declarado objetivo que, con o sin ley, el Gobierno tiene en carpeta y que espera llevar adelante. Con el acuerdo de sindicalistas y empresarios, o sin él en caso de resistencia.
En la CGT, en medio de presiones de algunos sectores para concretar el cuarto paro general contra Milei, predomina por ahora la prudencia. Promueven que los reclamos contra los topes salariales se hagan por sector e ir escalando la intensidad hasta llegar a una medida más extendida.
La semana que viene habrá una reunión reservada de dirigentes cegetistas para evaluar la situación y definir una estrategia. En este cuadro de tensiones incide el componente electoral. No sólo porque los sindicalistas activan las negociaciones para conseguir lugares en las listas de candidatos que competirán en las elecciones nacionales de octubre, sino porque muchos están en campaña por los comicios de sus gremios y deben sobreactuar sus reclamos para lograr más votos de sus afiliados.
La tanda de decisivas elecciones sindicales de este año comenzó este jueves con la votación en FOETRA Buenos Aires, donde el oficialista Claudio Marín, un kirchnerista de la CTA en alianza con el peronismo, se impuso con el 69% de los votos ante dos listas trotskistas: la Granate y Blanca, del Partido Obrero, que logró el 24% de los sufragios y la Naranja, de Política Obrera, el 5%.
Ahora, la atención está puesta en otro test clave: acaba de oficializarse para el 7 de agosto la convocatoria a elecciones en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Buenos Aires, donde Héctor Daer buscará la reelección en el cargo que tiene desde 2001, luego de haber anunciado que no seguirá en la cúpula de la futura CGT.
Pocos dudan en Sanidad sobre su triunfo, pese que se enfrentaría a dos listas opositoras, pero la incógnita de estas horas es si será real la versión de que Daer sería candidato a diputado nacional por el PJ. Si fuera así, le tocará la difícil tarea de neutralizar los proyectos laborales que preocupan a la CGT, ahora con una dificultad adicional a la que tenía cuando ocupó su banca por el massismo: gobierna Milei.
