El presidente Javier Milei confirmó este jueves el veto a la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), que había sido sancionada por el Congreso y establecía el reparto de esos fondos entre las provincias.
La norma era resistida por la Casa Rosada, pero fue avalada por los bloques de la oposición en el Poder Legislativo. Tras anunciar en reiteradas oportunidades que la medida pone en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional, el jefe de Estado firmó esta tarde el decreto que bloquea la iniciativa y giró el documento al Senado. Ahora la Cámara Alta podrá volver a discutir si rechaza el veto del presidente para ratificar la norma.
La medida se da en paralelo a la convocatoria al diálogo que dispuso la gestión de Milei, luego de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en una postura que los propios mandatarios provinciales han calificado como contradictoria.
Los ATN están conformados por fondos que se retienen antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. Los administra el Poder Ejecutivo ante emergencias o situaciones extraordinarias que afecten a las provincias. Los gobernadores han planteado que el gobierno nacional ha retenido los fondos indebidamente, por lo que reclamaron una ley que obligue a establecer pautas para su distribución.
Con ayuda de los bloques opositores en el Congreso, profundamente enemistados con el gobierno del libertario, los proyectos fueron aprobados tanto en la Diputados como en Senadores.
A partir del envío del decreto que veta la ley, la cámara de Senadores tendrá la posibilidad de insistir con la norma. Si consigue los dos tercios de los votos, podrá rechazar el veto y dejar la ley de reparto de los ATN en vigencia. Esa misma suerte han corrido otros proyectos, igualmente resistidos por el gobierno de Milei, como la ley de emergencia en discapacidad.
El bloqueo al reparto de ATN tuvo lugar, además, luego de la reciente designación del ministro del Interior, Lisandro Catalán, con la misión de recomponer la relación con los jefes provinciales.
Catalán afirmó, en sus primeras dos jornadas en el cargo, que llegaba con la misión de tender puentes y establecer canales de diálogo con los gobernadores para aceitar la relación y evitar nuevas derrotas políticas para el gobierno nacional. El veto a la ley de ATN, sin embargo, complicaría ese objetivo.
En los fundamentos del decreto que vetó la ley y que lleva firma del presidente, hay una reivindicación de la posibilidad de usar discrecionalmente los fondos. “La posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino, que requiere contar con mecanismos de auxilio excepcionales y ágiles dotados de la necesaria flexibilidad”, sostiene.
Luego cuestiona lo legislado por el Congreso. “El proyecto sancionado pretende reconducir tales recursos hacia un esquema de distribución automática conforme a los coeficientes de coparticipación general, lo cual altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de ATN y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren deicisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”, esgrime el gobierno nacional.
El gobierno había retomado hoy las negociaciones con los gobernadores a través de la mesa federal, con el objetivo de impulsar reformas laboral y tributaria. Este espacio de diálogo, inaugurado recientemente, reunió por primera vez a los mandatarios provinciales Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes mantienen una alianza con el oficialismo de cara a las próximas elecciones.
La principal demanda de los gobernadores sigue centrada en el pedido de mayores fondos para las provincias.
El presidente Milei delegó en el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la misión de destrabar las negociaciones, dado su buen vínculo con los gobernadores, tanto aliados como opositores. El círculo presidencial considera que la resolución de la disputa por los fondos provinciales permitirá avanzar en las reformas planteadas.
