Luego de que el enfermero y ex concejal de Rosario del Tala, Diego Iván Zapata, fuera condenado a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores, el Gobierno de Entre Ríos inició un sumario administrativo en su contra. Se trata del paso previo a definirse la expulsión de un agente provincial.
Al momento de ser condenado, el empleado del Ministerio de Salud provincial se desempeñaba como enfermero en el Hospital San Roque de Rosario del Tala. Después de que el acusado solicitara su reubicación laboral en el Hospital Luis A. Ellerman, ubicado en la misma ciudad, se confirmó la apertura del proceso administrativo.
El sumario administrativo, fechado el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 4 de agosto, se basa en el Artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755, que prevé la cesantía para agentes estatales condenados por delitos dolosos, aunque no estén vinculados a la administración pública, cuando estos hechos afectan el prestigio de la función.
Con la intervención del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud entrerriano, Daniel Blanzaco, se resolvió iniciar el sumario, paso previo a la cesantía definitiva de Zapata del sistema de salud pública. “Dispónese la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Diego Iván Zapata”, indicaron en el decreto provincial.
En su pedido de traslado, Zapata había informado que estaba bajo prisión preventiva, pero contaba con autorización para salidas laborales. No obstante, la situación se complicó cuando se confirmó mediante notificaciones judiciales que la condena dictada en su contra había quedado firme.
Según las resoluciones judiciales, el enfermero fue hallado culpable de captar a dos adolescentes de 15 y 17 años en un boliche de la ciudad. A través de la investigación, se constató que el hombre les daba bebidas alcohólicas mezcladas con medicamentos para provocarles somnolencia y luego cometía los abusos.
La condena fue dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay el 22 de agosto de 2023 y, finalmente, fue confirmada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal el 12 de marzo de 2024.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, la defensa presentó un recurso de queja, pero este fue rechazado por la Sala N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024, la Justicia le denegó el recurso extraordinario federal, por lo que la condena quedó firme.
El Ministerio de Salud provincial detalló que Zapata percibió el 50% de su salario entre julio de 2022 y enero de 2023, período tras el cual sus haberes fueron suspendidos, medida que continúa vigente. Asimismo, apuntaron que el caso quedó bajo revisión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
Una trabajadora municipal de Nogoyá denunció a sus superiores por acoso y abuso sexual
A comienzos de junio, una trabajadora del área de Rentas de la Municipalidad de Nogoyá formalizó una denuncia por acoso y abuso sexual presuntamente cometidos dentro del ámbito laboral. La empleada señaló como responsables a dos funcionarios que ocuparían cargos jerárquicos en el mismo sector. El caso se encuentra en trámite dentro del Estado municipal, pero se prevé que será presentado ante la Unidad Fiscal de Nogoyá para que se lleve a cabo una investigación penal.
Según el escrito presentado al jefe de Recursos Humanos municipal, Gerardo Beltramino, la denunciante ratificó acusaciones previas. En el texto, describió diversas situaciones de hostigamiento, entre ellas, comentarios de contenido sexual, acercamientos físicos no consentidos, insinuaciones verbales y gestuales, además de amenazas relacionadas con su permanencia laboral y advertencias sobre la posibilidad de despido.
La mujer también expuso un cambio de funciones: después de trabajar en oficinas, fue reasignada a la calle como controladora en el área de estacionamiento medido de la ciudad. Por esa tarea, cobraba 3.000 pesos diarios por una jornada de ocho horas. Además, presentó un reclamo al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Serra, a quien le exigió claridad sobre su situación contractual y de aportes, junto al pago de haberes atrasados por los meses de abril y mayo.
En otro comunicado, la empleada pidió explicaciones por el cambio de puesto, atribuido —según sostiene— a represalias por manifestarse públicamente sobre situaciones laborales que consideró injustas, y que habrían sido reconocidas en reuniones previas por las autoridades municipales.
