Martín Magram, abogado de los hermanos Kovalivker, expresó hoy sus reparos sobre el reciente operativo judicial y los elementos que motivaron la apertura de la investigación por presuntas coimas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de los audios filtrados del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo.
En diálogo con Radio Con Vos, el representante legal insistió en que la empresa Suizo Argentina enfrentó un allanamiento que, según su criterio, puso en riesgo la operatoria del suministro de medicamentos en el país y cuestionó la validez de los audios incorporados al expediente.
Magram relató que presenció brevemente el allanamiento ordenado por la Justicia a las oficinas de Suizo Argentina. “La orden tenía tanta información que pone realmente en jaque todo lo que se llevase, incluso el funcionamiento de la droguería,” aseguró el letrado.
El abogado advirtió que durante el procedimiento fueron incautadas computadoras, servidores y documentación ajena a la relación financiera investigada, decisión que, a su entender, podría impactar en la provisión habitual de medicamentos en todo el país.
Magram recordó además que una denuncia similar había sido archivada a comienzos de año. “En febrero, el mismo juzgado, con dictamen del fiscal Rívolo, archivó una causa prácticamente espejo,” precisó el defensor. En ese expediente se había investigado una supuesta irregularidad en la contratación de Suizo Argentina con Andis, pero la Justicia determinó que la droguería no obtuvo trato preferencial ni contrataciones directas, y que todas las adquisiciones se hicieron en el marco de licitaciones públicas, de acuerdo con la normativa vigente.
El abogado enfatizó que la nueva denuncia se impulsó mediante audios cuya autenticidad todavía no se ha comprobado. “Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa,” puntualizó. Según Magram, la investigación se originó en la filtración de esos audios, los cuales califica de dudosa procedencia. También apuntó contra la manera en la que se ordenaron los allanamientos, con medidas que, según su visión, exceden lo que requiere un proceso judicial ajustado a derecho.
En distintos pasajes de la entrevista, Magram sugirió la posibilidad de una operación política detrás del avance de la causa. El abogado mencionó que “esto está para todos los matutinos todos los días, que estamos en un proceso preelectoral”, relacionando la exposición mediática y la reincidencia de las denuncias con el contexto político actual. En esa línea, aseguró que “se reedita una denuncia que es exactamente una copia de lo ya investigado y archivado”, y consideró que la causa podría responder a motivaciones ajenas a lo estrictamente judicial.
Además, Magram hizo referencia a la existencia de movimientos de inteligencia y operaciones de agentes encubiertos. Indicó que “dan cuenta las crónicas periodísticas de operaciones relacionadas con agentes encubiertos, con gente de inteligencia”, lo que, en su opinión, sumaría argumentos para sostener la hipótesis de una maniobra política detrás de la reapertura de las actuaciones judiciales.
Sobre la posibilidad de un vínculo personal de los Kovalivker con figuras como Karina Milei o Lule Menem, ambos mencionados en la causa, el abogado sostuvo que “no me consta, entiendo que no,” y atribuyó tales afirmaciones a informaciones carentes de sustento. También remarcó que en la anterior denuncia figuraban los mismos nombres, tanto los directivos de la droguería como allegados al Ejecutivo nacional, e insistió con que aquella investigación fue cerrada por inexistencia de delito.
Magram destacó la trayectoria y el alcance nacional de la droguería Suizo Argentina, que según sus palabras trabaja con “10.000 puntos de entrega” y cumple estándares de trazabilidad y calidad reconocidos. Sostuvo que la firma actúa “solo como transportista” en varias licitaciones, además de operar como droguería. Sobre las diferencias de precios entre medicamentos adquiridos por organismos públicos y privados, recalcó que ese aspecto depende de variables de mercado y del propio funcionamiento de los procesos de compra estatales.
Consultado por la situación judicial de sus defendidos, Magram afirmó que la familia Kovalivker permanece a disposición de la Justicia, aunque cuestionó las condiciones en las que debieron entregar dispositivos personales y claves de acceso. “Nadie está obligado en un Estado de derecho a contribuir con la investigación en su contra,” remarcó. Según el abogado, pese a haber facilitado todo lo requerido por la orden judicial, la empresa y sus directivos han visto vulnerada su privacidad y la de sus familias.
Por último, Magram subrayó que los miembros de la familia defendida “se ven continuamente vapuleados” como consecuencia de la exposición en los medios y el avance de la investigación, pero insistió que no hay elementos objetivos que respalden la acusación de corrupción orquestada a través de licitaciones irregulares en la Andis.
