El análisis de los litigios judiciales que enfrentó la Provincia de San Juan entre 2020 y 2023, así como el impacto económico de las sentencias que obligaron al Estado a pagar indemnizaciones, figura entre los puntos centrales de una serie de pedidos de informe presentados por el interbloque Cambia San Juan en la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa busca auditar la gestión del exgobernador Sergio Uñac y responde al compromiso asumido por el actual mandatario, Marcelo Orrego, de revisar el estado financiero recibido y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La solicitud de informes fue firmada por 12 diputados oficialistas: María Rita Lascano, Juan de la Cruz Córdoba, Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Mónica González, Daniel Ripoll, Carlos Jaime, Gustavo Núñez, Andrés Castro, Rosana Luque, Gustavo Usín y Enzo Cornejo. Todos ellos integran el bloque que respalda la actual gestión provincial y los pedidos se centran en dos ejes principales: la ejecución y financiamiento del Acueducto Gran Tulum y las demandas judiciales contra la provincia en el periodo mencionado. Además, incluyen requerimientos sobre contrataciones directas de empresas proveedoras del Estado, obras públicas y adquisición de medicamentos, ante posibles inconsistencias administrativas o legales.
El diputado Juan de la Cruz Córdoba, uno de los impulsores de la medida, explicó a Diario de Cuyo que el interbloque analizó diversas situaciones que surgieron en la prensa y consideró necesario solicitar información adicional a algunos ministerios. “Elaboramos cuatro pedidos de informe. Estos pedidos los analizamos a fondo, y en virtud de eso decidimos presentarlos formalmente en la Cámara”, afirmó Córdoba.
Uno de los temas que más inquieta a los legisladores es el del Acueducto Gran Tulum, tanto por el estado de la obra como por su financiamiento. El documento presentado en la Cámara de Diputados señala que la obra cobró relevancia pública debido a cuestionamientos sobre la calidad de los materiales utilizados y los procedimientos aplicados. Córdoba advirtió que se realizaron manifestaciones públicas sobre obras mal ejecutadas, uso de materiales inadecuados y procedimientos que no se habrían ajustado a las normas. Además, algunos informes periodísticos mencionaron la compra de caños sin certificación de calidad.
El pedido de informe solicita explicaciones técnicas sobre los caños y piezas especiales empleados, así como los motivos por los que gran parte de la obra se realizó con cañería de PEAD (Polietileno de Alta Densidad). También requiere que se detallen los inconvenientes surgidos y los montos de los perjuicios económicos, en caso de que existan.
La diputada María Rita Lascano se refirió a la necesidad de esclarecer estas situaciones y subrayó el carácter institucional de los pedidos. “Presentamos cuatro pedidos de informe referidos a la administración anterior del exgobernador Sergio Uñac, en distintos ámbitos, en distintos Ministerios. Tienen origen, esencialmente, en algunas cuestiones que, desde los propios medios de comunicación y las redes sociales, se presentaron como dudas o inquietudes”, declaró Lascano al mismo medio.
Lascano remarcó que la intención de los pedidos no es política, sino que buscan aportar claridad sobre el uso de los recursos estatales. “Consideramos que era oportuno en este momento poder llevarle tranquilidad a todos los diputados sobre la información necesaria que le vamos a solicitar a los Ministerios”, sostuvo. En relación con el Acueducto Gran Tulum, afirmó: “Esto fue motivo de informes periodísticos. Le solicitamos al Ejecutivo que nos aclare esta situación y que envíe todos los informes correspondientes”.
El área de salud pública también figura entre los temas que motivaron los pedidos de informe: se solicitó información sobre la compra de medicamentos durante la gestión anterior, luego de que dos juicios contra el Estado provincial pusieran en duda los precios pagados y los procesos de contratación. Córdoba planteó la necesidad de analizar si los medicamentos adquiridos se encontraban dentro de los valores de mercado y pidió que se remita la documentación sobre licitaciones, proveedores, precios unitarios y resoluciones administrativas.
El bloque oficialista incluyó además un requerimiento de información sobre los litigios judiciales iniciados entre 2020 y 2023 contra el Estado sanjuanino, incluyendo aquellos que derivaron en condenas con obligación de pago de indemnizaciones por daños materiales o perjuicios económicos. El objetivo es conocer el impacto económico de estas causas en las finanzas provinciales y determinar si se originaron en decisiones administrativas cuestionables.
Los legisladores del interbloque Cambia San Juan fundamentaron sus pedidos en la necesidad de transparencia y control de la gestión pública, en línea con el discurso de asunción del gobernador Marcelo Orrego. Los pedidos de informe abarcan aspectos clave de la administración anterior y buscan esclarecer situaciones que han generado inquietud tanto en la prensa como en la ciudadanía, con el propósito de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante la sociedad sanjuanina.
