En un gesto hacia la CGT, el Gobierno eliminó un artículo de la reforma laboral que jaqueaba las cuotas solidarias, pero dejó en firme otros que limitan esos aportes, que son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos.
Se trata de un porcentaje de entre el 1% y en algunos casos hasta el 4% que se descuenta de manera obligatoria y compulsiva de los sueldos de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, ya que se acuerda con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en la primera versión de la reforma laboral lo que figuraba en el DNU 70: un artículo que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que siempre rechazó la CGT porque iba a complicar el pago de ese ítem a los sindicatos.
Por eso, como anticipó Infobae, el fin de semana pasado se registraron tironeos en el Gobierno entre miembros del ala dura, como Sturzenegger y Patricia Bullrich, en favor de mantener la restricción a las cuotas solidarias, y el sector político de la Casa Rosada, que integran el asesor Santiago Caputo y dos alfiles de Karina Milei como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, que, a partir de sus charlas con la CGT, presionaban para eliminar ese artículo.
Finalmente se quitó la propuesta más dura contra el sindicalismo, pero quedó un fuerte impedimento en el proyecto para que el descuento de las cuotas solidarias lo recaude el sector empleador y se lo gire a los gremios, una variante que pondrá en riesgo las arcas sindicales.
La ley actual dice que “los empleadores estarán obligados a actuar como agente de retención de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes, deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial». Ahora, el proyecto dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.
Incluso agrega que, “a su vez, se deberá contar con una resolución de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que lo autorice” y que “cualquiera de las partes del contrato de trabajo podrá dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándolo a la otra con 30 días de anticipación por cualquier medio fehaciente”.
Es decir, antes el empleador estaba obligado a retener las cuotas de afiliación “u otros aportes” (como la cuota solidaria) para derivárselo a los sindicatos, pero la reforma laboral establece ahora que el empleador “podrá retener” esos montos (sin que esté obligado a hacerlo), advierte que tiene que haber “conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes” y restringe ese beneficio sólo a “las cuotas de afiliación” (se eliminó “u otros aportes)”.
Lo que quiere decir que si se aprueba la ley, los sindicatos deberán buscar otro mecanismo para recaudar no sólo las cuotas solidarias, donde están en juego cifras millonarias, sino también la cuota sindical, que es voluntaria.
El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
En octubre pasado, durante el Coloquio de IDEA, mientras la reforma laboral se debatía en el Consejo de Mayo, Sturzenegger confirmó que apuntaba contra las cuotas solidarias al calificarlas de “peajes sindicales” que afectan el salario neto que perciben los trabajadores y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y en los precios al consumidor.
Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora y puso en números el impacto de este punto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, se fijó una cuota solidaria equivalente al 3% del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.
Según un estudio de la consultora Zentrix, los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal, también a trabajadores no afiliados, como las cuotas solidarias. En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.
El dato, según los autores de la investigación “El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador”, expone “la magnitud del financiamiento sindical compulsivo y revela un esquema de alta concentración, escasa transparencia y conducciones que se sostienen durante décadas gracias a este flujo permanente de recursos”.
El informe estima que este flujo de recursos proviene de trabajadores encuadrados en los principales convenios de actividad del país, encabezados por Comercio, Camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y Luz y Fuerza. En conjunto, estos sectores reúnen a cerca de 3 millones de asalariados formales y generan una recaudación promedio equivalente a $327.000 por trabajador al año.
