En poco más de 2 años de gobierno de Javier Milei, la CGT hizo 4 movilizaciones y 3 paros generales. ¿Le servirá seguir movilizándose y parando el país para frenar la reforma laboral? Aunque la respuesta es previsible, el sindicalismo está en un loop eterno que termina siendo una trampa de la que no quiere, o no puede, salir.
Las protestas no modificarán el destino del proyecto oficial, así como tampoco consiguieron cambiar medidas resistidas por la CGT en otros gobiernos. Pasó demasiado tiempo desde aquel 1975 en que la poderosa UOM de Lorenzo Miguel logró, a fuerza de paros y marchas callejeras, que Isabel Perón aceptara homologar una paritaria que superaba el tope oficial, y esa presión incluso logró que renunciaran José López Rega y su protegido, Celestino Rodrigo, ministro de Economía.
Este sindicalismo de hoy, obviamente, no es el de antes. El 45% de empleo informal hace que la CGT represente muchos menos trabajadores que antes. Y aun los que están bajo el paraguas cegetista tampoco son aquel “ejército” disciplinado y verticalista de los años 70. Muchísimos trabajadores que están afiliados a un sindicato no votaron al candidato que proponía su líder sino a alguien como Javier Milei, lejano al peronismo.
Sin capacidad de presión, sobre todo porque perdieron el inmenso poder de otra época, los gremialistas hacen lo que pueden. Si el lema que acuñó el prócer metalúrgico Augusto Timoteo Vandor fue “golpear para negociar”, y le resultó exitoso para alcanzar sus objetivos, el gremialismo actual no puede golpear ni negociar.
Y no porque no quiera. Esta CGT que nació el 5 de octubre pasado tiene un sesgo más dialoguista que la anterior. Sobre todo porque no tiene ni rastros de Pablo Moyano, ese dirigente tan irreductible que terminó siendo apartado por su padre, líder del Sindicato de Camioneros.
Pero se enfrenta a un gobierno que tampoco puede -o quiere- negociar y que lo mejor que hace es golpear, incluso a aliados (como el PRO, por ejemplo) o a una CGT que se proponía dialogar para alcanzar acuerdos.
Javier Milei desaprovechó la oportunidad de fortalecer a sindicalistas de vocación dialoguista abriéndoles la puerta a una negociación sobre la reforma laboral (sin la simulación del consenso en el Consejo de Mayo) y, en cambio, convirtió en duros a los moderados y les dio más aire a los irreductibles del estilo de Pablo Moyano.
Hay ejemplos sobre cómo el hecho de privilegiar a dirigentes dialoguistas puede redundar en beneficios para todos, en particular para los propios trabajadores. Lo conocen de cerca, por ejemplo, los 5000 empleados del centro de distribución de Mercado Libre en La Matanza: hace 5 años, el Sindicato de Camioneros bloqueó los accesos a esos depósitos en reclamo del encuadramiento sindical de los trabajadores, que estaban afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga.
Pero el gremio que dirigen Daniel Vila y su hijo Gustavo resistió durante años el hostigamiento moyanista y en marzo pasado ganó la batalla en la Justicia, donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez del convenio colectivo de trabajo, cuestionado por el gremio de Camioneros porque era “flexibilizador”.
Hoy, mientras Moyano acaba de firmar un bono de 35 mil pesos, el sindicato de los Vila acaba de lograr un bono de 410 mil pesos para los trabajadores de Mercado Libre, que tienen un sueldo inicial de 2,2 millones de pesos.
Curiosamente, Milei arrinconó ahora a los sindicalistas más negociadores que predominan en la CGT aun sabiendo que quizás era mejor llegar a algún tipo de acuerdo. La lección que dejó la Ley Bases podría haber servido para que se corrigiera la estrategia actual: en aquel momento, el Gobierno terminó accediendo a eliminar 42 artículos del capítulo laboral de ese proyecto para poder garantizar la aprobación parlamentaria.
Este jueves, gracias al traspié oficial con el Presupuesto 2026, el proyecto de reforma laboral logró tener dictamen, pero su debate se postergó al 10 de febrero.
La CGT lo festejó como un triunfo de su lobby entre los gobernadores, pero sólo ganó tiempo. Todavía se espera que la central obrera difunda la contrapropuesta de reforma laboral que dijo haber elaborado para negociar con el Gobierno. Aun así, haber ganado tiempo es importante: los sindicalistas confían en que, hasta que el proyecto llegue al recinto en el Senado, podrán eliminar o atenuar artículos que ponen en jaque su poder.
Hay negociaciones subterráneas mientras en la superficie se mantiene la formalidad de la pelea. El ministro Federico Sturzenegger defiende los artículos de la reforma laboral más ásperos hacia el gremialismo, pero la CGT recurre a los interlocutores más políticos del Gobierno como el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Lule, de la Secretaría General de la Presidencia).
En el camino hacia la última versión de la reforma laboral, el ala política de la Casa Rosada aceptó sacar o suavizar algunos puntos de proyecto, aunque quedaron muchas propuestas que son indigeribles para el sindicalismo. ¿Fueron incluidas para ser sacrificadas en una negociación? Es la impresión que tiene la CGT.
El Gobierno se manejó de manera extraña ante la reforma laboral. Podría haber aprovechado su incidencia mediática para hacer campaña en favor de los artículos del proyecto que podrán mejorar la situación de los trabajadores. O, al revés, para castigar a la CGT exponiendo ante la sociedad cómo la cuota solidaria le saca una tajada del sueldo a los trabajadores sólo para engrosar las arcas del sindicato y a veces en una proporción elevada (desde septiembre, por ejemplo, SMATA recibe un 4% de la remuneración de cada trabajador del sector automotriz). Pero no hizo ninguna de esas dos cosas que podrían haberlo beneficiado.
Ahora, se perfila una batalla contrarreloj entre dos partes que no pueden o no quieren negociar. Los que siguen esperando son los trabajadores informales, los formales y, sobre todo, los que no tienen trabajo.
