El proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares obtuvo el dictamen este jueves, luego de que el documento fuera revisado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Al igual que la reforma laboral, se confirmó que será tratado en el recinto el próximo 10 de febrero.
Luego de que el Poder Ejecutivo convocara a sesiones extraordinarias, la iniciativa fue incluida dentro del temario de interés para el oficialismo. Sobre todo, después de que pidieran que el tema fuera tratado con celeridad, tras haber sido enviado el lunes 15 de diciembre.
Por medio de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en redes sociales, se hizo énfasis en la necesidad cambiar la legislación para eliminar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
En este sentido, la reforma facultaría a cada jurisdicción para poder decidir sobre la protección de los glaciares ubicados en sus territorios. Así, podrían resguardar a algunos por encima de otros y permitir la explotación económica de ciertas zonas periglaciales.
Actualmente, la norma en vigencia obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la modificación habilitaría el uso de estos, si es que no se pone en riesgo una reserva estratégica de agua.
Por este motivo, durante la sesión organizada por las comisiones en el Senado incluyó la participación de los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Dos provincias que no solo cuentan con glaciares en sus territorios, sino que también cuentan con empresas dedicadas a la explotación minera.
En el caso del mandatario sanjuanino, reconoció que existe la voluntad de proteger al ambiente periglacial, siempre que constituyan reservar de aguas relevantes y estratégicas. A pesar de esto, aseguró que es necesario contar con una ley de protección mínima de glaciares.
Por su parte, Jalil planteó que se deberá evaluar el impacto social, ambiental y económico que la medida podría generar. Sin embargo, destacó que la minería se conformó como una de las principales industrias en fomentar el empleo formal. Así, destacó cerca de 3.000 puestos serían trabajos directos, que se habrían traducido en otros 5.000 empleos en otras actividades relacionadas.
En la comisión también se escucharon las posturas provenientes del ámbito científico, del sector empresario minero y de organizaciones ambientales, que mostraron un fuerte desacuerdo con las modificaciones propuestas por el documento.
Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller expresó que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) acompaña el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua, pero sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector.
En este sentido, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.
Desde el sector ambiental, el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, advirtió que la Ley de Glaciares cumplió quince años en un contexto de agravamiento del cambio climático y alertó que el proyecto introduce una modificación “por vía de la interpretación”, lo que, según su visión, alteraría el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, calificó el tratamiento legislativo como «un proceso exprés nunca visto» y sostuvo que la reforma generaría mayor incertidumbre jurídica, además de ser “totalmente inconstitucional” y poner en peligro a todos los glaciares.
Por parte de las organizaciones científicas, Pablo Villagra, en representación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), destacó que el Inventario Nacional de Glaciares concluido en 2018 recibió elogios de la comunidad glaciológica internacional y, hasta el momento, no se detectaron errores significativos. Además, añadió que actualmente se encuentra en proceso de actualización.
En su intervención, Agostina Rossi, de Greenpeace, subrayó que los glaciares son aliados fundamentales frente a la crisis climática y que su protección es una prioridad internacional. A la vez que aclaró que las organizaciones ambientales no se oponen a la minería, sino a su desarrollo sobre los glaciares, reclamó un nivel de participación pública similar al que tuvo la sanción de la ley original.
Por último, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó la celeridad del tratamiento del proyecto y denunció que la medida respondería a los intereses del sector minero.
