El frente Somos Buenos Aires se enfrenta a una crisis interna que podría poner en peligro la oficialización de sus listas para las elecciones del 7 de septiembre. A raíz de impugnaciones judiciales presentadas por diversos partidos políticos —tanto dentro como fuera de la alianza—, la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires deberá expedirse en los próximos cinco días sobre varios expedientes iniciados durante la feria judicial, que afectan el proceso electoral del frente. Las impugnaciones incluyen demandas sobre la defectuosa incorporación de la UCR a la alianza, la cancelación de apoderados sin facultades para hacerlo y la incorrecta integración de los cuerpos directivos.
El conflicto podría dejar a la alianza sin listas en ciertas secciones y distritos. Los cuestionamientos judiciales abarcan temas como la incorporación de la Unión Cívica Radical fuera del plazo legal, la cancelación de apoderados sin competencia legal suficiente, la integración errónea de cuerpos directivos, el desconocimiento de dos partidos provinciales y la falta de respeto a las minorías, en aparente contravención de la ley y de las disposiciones de la propia junta electoral.
Según los plazos establecidos por la Justicia, las partes implicadas en los expedientes tienen hasta el 1 de agosto para presentar su postura ante el tribunal y, en caso de que se confirme la impugnación, podrían evitarse la oficialización de las listas de candidatos para los comicios de septiembre. En caso de que esto ocurra, las cautelares solicitadas por los demandantes exigen que no se oficialicen las boletas, incluso si la Junta Electoral ya tiene conocimiento de los planteos.
Las causas judiciales se originaron debido a una serie de controversias entre los propios miembros de la alianza. En primer lugar, se impugnó la incorporación de la UCR al frente, una decisión que, según los demandantes, fue realizada de forma irregular y fuera del plazo legal establecido. Además, se cuestionaron las decisiones tomadas por un órgano que, según los impugnantes, carecía de facultades para cancelar a los apoderados del frente. Otro de los puntos en disputa es la integración de los cuerpos directivos, donde se alega que no se respetaron a ciertos partidos provinciales, y la falta de cumplimiento de la ley y de los principios de representación de las minorías dentro de la alianza, como lo exige la normativa electoral y la propia junta.
Entre los actores implicados en las impugnaciones están Partido GEN, representado por Jorgelina Soledad López, y el Partido del Diálogo, quienes en conjunto actúan como apoderados en la alianza Somos Buenos Aires. El fallo de la Justicia sobre estas impugnaciones podría cambiar el panorama electoral en la provincia, ya que, si se decide que las listas de la alianza no cumplen con los requisitos legales, podrían quedar fuera de la contienda electoral.
A su vez, la justicia ha solicitado que tanto la Junta Electoral de la Provincia como la Alianza Somos Buenos Aires presenten un informe en el plazo de cinco días, detallando los antecedentes y fundamentos de los actos impugnados. De no cumplir con este requerimiento, las consecuencias legales podrían seguir afectando el proceso electoral.
Por ahora, el frente enfrenta un escenario incierto, donde las impugnaciones internas podrían dejar a Somos Buenos Aires sin una lista oficial en varias secciones y distritos. Si la Justicia fallara a favor de los demandantes, el frente quedaría gravemente afectado en su capacidad de competir en las elecciones de septiembre. En este momento, la resolución de la junta electoral será clave para definir el futuro político de la alianza.
