La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, imitará una acción realizada por la gestión macrista de Gabriela Michetti en la Cámara alta y activará un retiro voluntario para el “personal de planta permanente o temporaria -esto último, un regalo del cielo- al que le faltaren hasta cinco años para acceder a la edad mínima exigible en el régimen jubilatorio general vigente”, de 65 años en hombres y 60 en mujeres.
El movimiento en cuestión se da tras meses de divergencias entre las autoridades del Senado y los propios legisladores. Es que, con la presencialidad vigente desde el segundo semestre del año pasado, los reclamos para que hubieran “permitidos” se convirtió en moneda de cambio, entre otras cuestiones.
Según el decreto presidencial 362/25 que rubricó Villarruel, los agentes deberán “contar con los años de servicios con aportes requeridos para iniciar el trámite jubilatorio, conforme al régimen” previsional vigente. El plazo de adhesión es por 60 días corridos, a partir de una fecha inicial aún no confirmada, asunto que saldaría el departamento de Recursos Humanos.
Lo más curioso de la propuesta aparece en el tercer punto del artículo primero del régimen, que aclara: “El personal de planta temporaria deberá estar afectado a alguna de las estructuras orgánicas estables aprobadas por las autoridades competentes del H. Senado de la Nación, con una antigüedad mayor a DOS (2) años”. Es decir, quien cumpla con dicho requerimiento, tendrá una posibilidad más que amistosa para plegarse al retiro voluntario.
Detrás de dicha generosidad se encuentran idas y vueltas con los muy silenciosos y otrora combativos gremios. Es que, ante una situación así, la liberación de espacios en la Cámara alta se transformará en nuevas oportunidades para ingresos por doquier. De hecho, Villarruel viene de semanas de designaciones en diversas áreas que, a esta altura, dejaron atrás la promocionada y poco efectiva “oxigenación” de la gestión.
Sólo el tiempo marcará la eventual complicidad de esta medida con los sindicatos. En el caso de Michetti, la relación de tensión viró hacia un vínculo más que aceitado gracias al entonces secretario administrativo, el peronista con acuarela amarilla Helio Rebot. Ni hablar en Diputados, con Emilio Monzó y su secretaria administrativa, Florencia Romano: mientras el Gobierno de Cambiemos se desangraba en 2019, esta dupla compartió un acto cargado de lágrimas junto a los gremios, que ya celebraban sin tapujos el retorno del kirchnerismo al poder.
Quien acepte el retiro voluntario tendrá un beneficio denominado “incentivo”. En esa línea, el decreto detalla: “Consistirá en una suma no remunerativa equivalente a la remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente más un adicional de un 10% por un plazo máximo de 60 meses, de la que deberán deducirse los descuentos por la cobertura de salud” y “las cuotas sindicales”, en caso de corresponder. Todo esto se actualizará en relación con los incrementos salariales que surjan de las paritarias.
Además de todo esto, el mecanismo excluye -con lógica- a un sector del Senado. Por ejemplo, al personal que “se encontrare sometido a sumario administrativo del que pudieran surgir las sanciones de cesantía o exoneración”, o el que “tuviera ausencias injustificadas por las cuales se les pueda aplicar la sanción de cesantía”.
Entre los fundamentos del decreto, Villarruel expresó que “este beneficio de carácter opcional para el agente legislativo ha sido diseñado para ofrecer a los trabajadores una alternativa que facilite su transición hacia la jubilación, atendiendo tanto las necesidades individuales de los empleados como los objetivos institucionales de modernización y eficiencia del H. Senado de la Nación”. En otro tramo de la norma apuntó a “acciones orientadas a consolidar una gestión transparente, ágil y responsable”.
